• Laura Cano

¿Qué significa la elección de Pedro Castillo para los líderes ambientales en Perú?

Por: Laura Cano

Periodista - Pares


En Perú, recientemente se eligió a Pedro Castillo como nuevo presidente del país. La victoria llegó luego de un reñido conteo de votos, que al final le dio 8.835.579 a Castillo y 8.791.521 a Keiko Fujimori, quien había pasado con el ahora presidente electo a la segunda vuelta.


La elección de Castillo vino con un contundente apoyo de las zonas rurales del país, lo que demostró que la decisión en las regiones fue clara, mientras que en las ciudades las balanzas parecían inclinarse más hacia el lado de Fujimori, la candidata del partido derechista Fuerza Popular.


Vale la pena señalar que las principales propuestas de Pedro Castillo estuvieron relacionadas con una transformación del modelo económico peruano, con la creación de una nueva Constitución Política a través de una Asamblea Constituyente y, entre otros puntos, con la nacionalización de sectores estratégicos como el minero, gasífero y petrolero. Castillo también ha planteado aumentar el presupuesto para la agricultura y la educación, así como suprimir el sistema actual de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Además, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de reformular los tratados internacionales entre Perú y Estados Unidos.


Por otro lado, hay que recordar que durante la época de campaña que además estuvo atravesada por la pandemia del covid-19, en Perú hubo una alerta constante a causa de las denuncias por asesinatos de líderes y lideresas ambientales. Solo en la Amazonía peruana fueron asesinadas cinco personas defensoras del medio ambiente durante el 2020. En noviembre de ese mismo año, una crisis política sacudió al Perú cuando, en medio de protestas masivas en todo el país, hasta tres personas llegaron a ocupar la presidencia en una sola semana.


Siguiendo la problemática que se ha acentuado en el último año contra lideresas y líderes ambientales en el Perú, vale la pena traer a colación algunos de los casos de violencia que se han registrado en este periodo. El 12 de abril de 2020 se reportó el crimen del líder indígena cacataibo Arbildo Meléndez. Días después, el 26 de abril, se conoció el caso de asesinato del líder Benjamín Ríos Urimishi, de la comunidad Kipachari, en el distrito de Tahuanía, Ucayali. Un nuevo caso ocurrió el 17 de mayo: esta vez la víctima fue Gonzalo Pío Flores, líder indígena de la comunidad Nuevo Amanecer Hawai. El 29 de julio acabaron con la vida de Lorenzo Wampagkit Yamil, guardaparque de la Reserva Comunal Chayu Nain, en Amazonas. Y a pocos meses de terminar el año, el 10 de setiembre, se conoció el asesinato de Roberto Carlos Pacheco Villanueva, defensor ambiental que por años venía denunciando amenazas en su contra.


En este contexto, y para hacer un acercamiento sobre lo que significaría la victoria de Pedro Castillo en medio este panorama de amenaza contra líderes y lideresas ambientales en el Perú, Pares habló con Paul Maquet, co-coordinador del programa de investigación e incidencia de CooperAcción, una ONG peruana que trabaja con organizaciones de ese país fortaleciendo el trabajo de estas.


Pares: Desde el 2020 se ha venido alertando sobre un panorama crítico contra líderes y lideresas ambientales debido, especialmente, a que se han presentado varias denuncias por asesinatos contra esta población. En este momento, ¿cuál es el estado de esta situación?


Paul Maquet: El contexto es terrible. Esto está concentrado, en cuanto a asesinatos, sobre todo en los territorios amazónicos donde hay actividades ilegales que son rechazadas por las organizaciones y las comunidades indígenas. Hay casos en Ucayali y Huánuco, que son lugares de presencia y penetración de actividades como la tala ilegal y el narcotráfico (puntualmente los sembríos de hoja de coca que requieren deforestación en la Amazonía). También hay casos de minería ilegal, entre otras actividades que hay.


Hay hostigamientos y amenazas. Los líderes de Ucayali han recibido recientemente amenazas por escrito, las cuales han sido denunciadas. Hace poco, por ejemplo, una administración de una de las organizaciones de base de Ucayali sufrió un atentado con arma de fuego. Es muy delicada la situación.


Nosotros en particular trabajamos en Amazonas, donde al momento no ha habido ningún atentado y esperamos que no ocurra, pero los líderes y las lideresas con quienes trabajamos han recibido amenazas por parte de mineros ilegales que han ingresado a la zona. En Amazonas, a diferencia de, por ejemplo, Madre de Dios, todavía el ingreso de la minería es menor, pero está en crecimiento, por lo que los líderes se oponen, pero además hay una situación de división de las comunidades, pues hay algunas que ven esto desde la posibilidad de recibir beneficios económicos, entonces aceptan la actividad, mientras que otras no lo hacen y en ese contexto hay amenazas de muerte a dirigentes.


En este contexto se tiene como única herramienta legal la solicitud de garantías ante el Gobierno y el Ministerio del Interior. En muchos casos se han otorgado garantías mediante un documento en el que se reconoce que se debe proteger a estas personas, pero como estamos hablando de territorios alejados, donde no hay presencia del Estado o es mínima, ese papel no significa nada y muchas personas, a pesar de tener este reconocimiento de protección, han sido asesinadas. Esa falta de presencia estatal ha permitido que criminales atenten contra sus vidas. En realidad la capacidad del Estado es mínima.


Por último, el Congreso el año pasado decidió archivar el proyecto para la ratificación del Acuerdo de Escazú, y de esta manera hay una herramienta menos para que el Estado cumpla con garantizar la protección de los defensores y las defensoras ambientales.


Pares: En ese contexto que explica, ¿qué representa para la protección de los líderes ambientales la elección de Castillo?


P.M: Castillo, en términos generales, representa la voz de los sectores que han estado marginados del poder político. En contextos de conflictos sociales por supuesto que representa la voz de las poblaciones que han sido criminalizadas y perseguidas por su oposición a diversos proyectos.


De hecho, las poblaciones con las que trabajamos abrumadoramente han votado a favor de Castillo; poblaciones que están en conflicto con empresas mineras, en conflicto con actividades ilegales. Todas estas personas han votado abrumadoramente, con más del 90%, por Castillo. Es decir, definitivamente estas comunidades están expresándose en el voto por Castillo.


Ahora, en términos concretos, yo debo decir que es una incógnita la manera en la que Castillo va a abordar estas problemáticas ambientales, pues es claro que no tiene el tema ambiental dentro de su agenda prioritaria. En ningún momento le ha dado el peso que debería tener.


En la primera vuelta no tocó el tema. Su plan de gobierno presentado en la primera vuelta es muy pobre en términos ambientales, e incluso el plan Bicentenario que presentó para la campaña de la segunda vuelta tampoco aborda el tema ambiental ni los conflictos socioambientales. De hecho, el plan de gobierno que presenta su partido, que es de izquierda, (y del cual no es militante hace muchos años, sino que recién el año pasado se inscribió para poder postularse), tiene propuestas muy contrarias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto dentro de toda esta visión de izquierda latinoamericana que considera que la CIDH es un organismo al servicio de los intereses de Estados Unidos, lo cual está transcrito tal cual en el programa del partido Perú Libre. Entonces todo esto tiene un vacío y una desvalorización de la Corte.


Ahora bien, también es cierto que en primera vuelta Castillo ha sido muy crítico del papel de la Defensoría del Pueblo. Ha hablado incluso de desactivarla. Luego moderó su discurso y ha dicho que necesita hacer mejoras a ese organismo.


Por otra parte, ha sido bastante tajante en ponerse del lado de comunidades en conflictos sociales. Por ejemplo, ha dicho que proyectos mineros que han sido rechazados mayoritariamente por la población no irán en su gobierno. En ese sentido es positivo. Así que todavía es una incógnita, pero en definitiva representa la voz de mucha gente que ha estado en resistencia de megaproyectos extractivos. Y esperamos que en este proceso de asumir la presidencia presente propuestas más concretas y que le dé prioridad al tema ambiental que hasta ahora no ha tenido, y que comprenda que la defensa de defensores y defensoras del medio ambiente es fundamental en un país como Perú.


Pares: Menciona usted a la Defensoría del Pueblo y lo que Pedro Castillo ha mencionado sobre el organismo. Desde su trabajo, ¿cómo valora el trabajo de la Defensoría?


P.M: Para nosotros la Defensoría, si bien puede tener déficits, es una organización fundamental en la defensa de defensores y defensoras. Cumple un papel muy importante en el monitoreo de los conflictos y en ser una voz de defensa de los derechos humanos.


Pares: Hay una clara propuesta de Castillo relacionada con el impulso de la economía nacional. ¿Cómo se podría relacionar esto con la situación de lideresas y líderes ambientales y su defensa, por ejemplo, de territorios y recursos naturales?


P.M: La visión que tiene Castillo es una visión de poner los recursos naturales al servicio del desarrollo de la economía nacional. Y, en ese sentido, se centra en la recuperación de la renta de los recursos naturales. Su plan de gobierno está muy inspirado en Bolivia y Ecuador; plantea superar un extractivismo que es entendido solo como la extracción y exportación del recurso sin mayor beneficio para la economía nacional.


Ahora bien, hay una incógnita sobre esto y sobre la defensa de líderes ambientales en relación con las actividades extractivas y sus dinámicas comerciales. Lo que se podría decir es que seguramente se van a escuchar más las voces de las comunidades donde se llevan a cabo las actividades extractivas; eso es lo que está por verse: cómo va a relacionarse su visión de la economía nacional, los derechos de las comunidades locales y las voces de defensores y defensoras ambientales.


Otro tema sobre el que se debe estar pendiente es la minería a gran y pequeña escala, partiendo de las realidades distintas. Por un lado, la de una comunidad que realiza una actividad de muy pequeño impacto ambiental en el territorio, y otra financiada por capitales más grandes que requiere la compra de maquinaría y la movilización de muchas personas, y que además sí tiene impactos ambientales mucho más graves. De hecho, el caso de Madre de Dios en la Amazonia es terrible: hay una situación de contaminación y deforestación con mercurio muy grave. Por eso en los territorios se oponen al ingreso de la minería de este modo, y eso genera mucho conflicto. Hay que resolver contradicciones en ese sentido.


Pares: Por último, ¿cuál es el panorama sociopolítico con el que Castillo llega a la presidencia?


P.M: Socialmente la elección evidencia una fractura, que no es una novedad en el Perú, pero que se ha mostrado con más nitidez en estas elecciones. Una fractura entre los territorios rurales, las regiones y la capital y los sectores urbanos. En términos de votos, eso ha sido prácticamente mitad y mitad, pero en términos regionales la gran mayoría ha votado a favor de Castillo.


La gente en las regiones está muy contenta, muy esperanzada: creen que va a haber un cambio. Mientras que en los sectores urbanos hay más bien temor porque les preocupa mucho el manejo de la economía; en esos sectores ha tenido mucho éxito la campaña contra el comunismo, en la que se ha dicho que Castillo va a hacer comunismo y que va a expropiar las propiedades a la clase media. Esos temores seguramente se van a ir disipando porque probablemente, en la práctica, el plan de Castillo va a ser pragmático en diversos aspectos justamente por la segunda parte de la pregunta, pues el tema de la gobernabilidad es lo clave.


El panorama de Castillo en el Congreso es muy difícil: en su partido tiene apenas 37 votos de 130, entonces está muy lejos de lograr la mitad del voto del Congreso. Y su otro partido aliado es Juntos por el Perú, que tiene apenas 5 congresistas. Mientras que las fuerzas conservadoras y de oposición son mayoría. Entonces es muy probable que se vengan unos años de difícil gobernabilidad, de obstrucción por parte del Congreso. En ese contexto, uno se pregunta cuál es la viabilidad de querer hacer muchos cambios al sistema. A mi juicio, eso está muy complicado y va a tener que ser bastante pragmático el gobierno de Castillo. A eso hay que sumarle el hecho de que el fujimorismo está en una actitud de no reconocer los resultados, por lo que han presentado un sinnúmero de impugnaciones a las actas. Están levantando la narrativa de un fraude; cosa que es falsa. Si uno ve las actas son completamente normales, pero el mensaje de fondo es que ellos no van a reconocer los resultados y que van a ser una fuerza activa para desestabilizar al próximo gobierno.