Jacob Garzón
- 19 feb

Diferentes organizaciones sociales y comunidades indígenas en Perú se manifiestan en contra de la modificación a la Ley Forestal de Fauna Silvestre

Por: Jacob Garzón Guevara, 19 de febrero de 2024

Foto tomada de: @aidesep_org

El pasado 11 de enero en Perú, se aprobó la Ley 31973, que modifica la Ley 29763: Ley Forestal de Fauna Silvestre. Esto ha generado bastante indignación por parte de diferentes organizaciones defensoras del medio ambiente, grupos juveniles y estudiantiles, académicos(as), comunidades indígenas y gran parte de la sociedad civil. Ellos(as) manifiestan que esto puede implicar enormes daños y vulneraciones a la Amazonia y a los derechos humanos de las comunidades indígenas que residen y trabajan en la zona. Por lo tanto, se han convocado a diferentes movilizaciones sociales en búsqueda de la derogación de la Ley 31973.

¿Qué es la Ley 31973 y que implicaciones tiene?

La Ley 31973 supone dos cambios fundamentales de su versión anterior, la primera es que los bosques de producción permanente y la zonificación se establecen y aprueban por resolución ministerial del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a diferencia de la Ley 29763, en la cual el Ministerio del Ambiente era el ente encargado de esta labor.

El segundo punto, se ubica en la disposición complementaria final, que modifica las reglas del cambio del uso del suelo. Esta disposición habilita la creación de “áreas de exclusión para fines agropecuarios” que no requerirán pasar por una clasificación por su capacidad de uso mayor, ni cumplir los requisitos exigidos en el artículo 38 de la Ley Forestal.

Varios(as) expertos(as) y diferentes organizaciones sociales han advertido que estos cambios conllevan un gran peligro y amenaza a la biodiversidad del Amazonas y a los(as) líderes(as) ambientales e indígenas[1]. Entre la gran cantidad de críticas se encuentran:

El cambio ministerial supone una variación paradigmática importante, ya que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego puede definir políticas públicas que busquen el aumento en la producción agropecuaria, a diferencia del Ministerio de Ambiente, que tiene como propósito la defensa del medio ambiente en Perú.
Con la modificación de los artículos 29 y 33, se facilita el cambio de uso de tierras sin la obligación de autorización de zonificación forestal, que es esencial para delimitar las áreas aptas para actividades agrarias y las áreas de preservación del patrimonio forestal. Esto podría agravar la deforestación, además de dar vía libre al tráfico de tierras, que ha sido denunciado en las regiones de San Martín y Ucayali.
Territorios indígenas en donde han sufrido del despojo territorial por parte de grandes industrias o economías ilegales podrían ser clasificadas de una forma muy fácil como áreas de exclusión agropecuaria, puesto que el otorgamiento de títulos de propiedad sobre tierras tiene como único requisito la presentación de constancias de posesión.
La nueva ley conllevaría una gran impunidad, ya que se legalizarían actividades ilegales como la tala o la deforestación, beneficiando a la gran industria y organizaciones criminales que han incumplido con los requisitos de la Ley Forestal, ignorando los derechos y reivindicaciones de los pueblos indígenas
La AIDESEP, organización representativa de los pueblos indígenas, alertó que no permitirán el ingreso a sus territorios a ningún tercero que se quiera aprovechar de la Ley 31973 para la destrucción del bosque. Esta declaración enciende las alarmas ya que la defensa de la tierra ha implicado en Perú el asesinato de muchos(as) líderes(as) ambientales e indígenas[2], al respecto, Mariano Castro advierte “Ya se tienen registrados, lamentablemente, varios crímenes contra personas defensoras de derechos de pueblos indígenas y derechos ambientales. Con este mayor caos, donde se pretende regularizar invasiones de tierras, se van a incrementar los riesgos y actividades ilegales que invaden territorios y causa deforestación”.[3]

La respuesta ciudadana a la ley 31973

La modificación a Ley Forestal ha generado un gran revuelo en la sociedad peruana, distintas organizaciones sociales y académicos además de manifestarse públicamente en contra de esta modificación a la ley forestal, han hecho diferentes acciones que buscan la derogación de la ley.[4]

La aprobación de la ley 31973 desde su inicio tuvo grandes polémicas, ya que se rechazaron dos pedidos de reconsideración, además de excluir el debido proceso de la consulta previa a los pueblos indígenas, por lo que desde que se aprobó ya fue objeto de críticas y denuncias. Esto conllevo a diferentes demandas en búsqueda de derogar la ley.

Lucila Pautrat Ovarzún presentó una denuncia constitucional contra el presidente del Congreso Alejandro Soto y su tercer vicepresidente Waldemar Cerrón, por el presunto delito ambiental de otorgamiento ilegal de derechos, así mismo, el Colegio de Sociólogos realizo una demanda de inconstitucionalidad para derogar la nueva normativa.[5]

De igual forma, la sociedad civil, en conjunto con diferentes organizaciones sociales, han convocado a diferentes movilizaciones para proclamar la preocupación sobre las consecuencias de la ley 31973. El pasado 25 de enero se realizó una movilización en la ciudad de Lima, en la cual participaron diferentes organizaciones ambientales, indígenas, juveniles y estudiantiles, en la cual se expresó la inconformidad de la nueva normativa, Teresita Antazú, lideresa indígena Yanesha expresó: “Yo soy del pueblo Yanesha, de la selva central. Estoy aquí en AIDESEP, en defensa de nuestros territorios, porque nos vemos afectados, muy afectados. Porque nosotros decimos alto al paquetazo ambiental.”[6]

Del mismo modo, el gobierno regional de San Martin presentó una demanda de inconstitucionalidad con el respaldo de más de 10 mil firmas, conjunto a esto, se realizó el 16 de febrero una movilización en la cual el gobierno regional y la ciudadanía sanmartinense expresaron su rechazo a la aprobación de la ley 31973.[7]

Un retroceso en materia de protección a líderes(as) indígenas y ambientales

La aprobación de la modificación a la Ley Forestal puede implicar un gran retroceso en materia de la defensa del medio ambiente, así mismo, supone un gran peligro para las comunidades indígenas y los(as) líderes(as) ambientales, como lo expresa Francisco Calí Tzay “En los últimos años, 33 líderes indígenas han sido asesinados, incluyendo el líder del Pueblo Kichwa, Quinto Inuma. Estas reformas parecen ignorar que el despojo territorial es el motor de la violencia contra los líderes indígenas e implica un retiro del Estado en las zonas rurales”,[8] por lo tanto, se vuelve pertinente un análisis crítico al respecto de la nueva normativa, ya que puede traer más efectos negativos que beneficios a la población peruana, y en especial a los pueblos indígenas.