Jacob Garzón Guevara/ODEVIDA
- 23 abr

Grito de victoria tras 20 años de lucha: La CIDH condena al Estado peruano por contaminación ambiental en el municipio de la Oroya

Por: Jacob Garzón Guevara/ODEVIDA

Foto tomada de: La República

Tras una larga lucha y resistencia que duró 22 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado peruano por la contaminación ambiental generada en La Oroya, Perú. Este es un hito valiosísimo para la defensa del medio ambiente y los derechos humanos, como afirma la abogada Liliana Ávila: “La sentencia es el primer caso en el que la Corte reconoce la responsabilidad de un Estado por la violación de derecho al ambiente sano y las implicaciones que este tiene en la garantía de otros múltiples derechos. También reconoce el rol de las personas defensoras ambientales”[1]

Las afectaciones al poblado de La Oroya

La Oroya es una ciudad ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, en donde opera el Complejo Metalúrgico La Oroya, una gran industria metalúrgica que ha afectado la salud de la población, como también contaminado el ambiente de la ciudad.

El Instituto Blacksmith catalogó en el 2011 a La Oroya como el segundo lugar más contaminado del mundo[2], así mismo, entre el 2004 y 2006, el Ministerio de Salud determinó que más del 90% de los niños y gestantes de las localidades aledañas a la planta tenían altas concentraciones de plomo en la sangre.

Entre las diferentes afectaciones que se han identificado: la mayoría de personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud, de igual forma, también se evidenciaron niveles superiores de arsénico y cadmio.[3] Los síntomas que se han observado son cólicos severos desde temprana edad, erupciones en la piel, dolores de cabeza, diarreas incontenibles, bronquitis, sordera y agotamiento permanente.[4]

Por otra parte, la coordinadora del Programa de Derechos Humano de AIDA, Liliana Ávila, denuncia que varios pobladores han sido amenazados y hostigados, lo que ha provocado que varios desistan de la demanda por temor a sus vidas,[5] lo que muestra una clara vulneración a la defensa de los derechos humanos.

Cronología de la resistencia

En el año 2002, un grupo de 80 denunciantes se declararon víctimas y demandaron al Ministerio de Salud de Perú y a la Dirección General de Salud Ambiental, en la que buscaban que se llevaran a cabo investigaciones que demostraran los daños causados en el ambiente debido a la industria metalúrgica,[6] a la par que la búsqueda de la protección de sus derechos y los del resto de la población.

Ante la falta de respuestas efectivas por parte del Estado peruano, la organización AIDA, la coalición intencional de organizaciones y los denunciantes llevaron el caso ante la CIDH, solicitando en noviembre de 2005 medidas cautelares para proteger el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas afectadas, luego, en el 2006, se presentó una denuncia ante la CIDH contra el Estado peruano por la violación de los derechos humanos. En el 2007, la CIDH dictó medidas cautelares a 65 personas de La Oroya, y en 2016 se ampliaron a otras 15 personas. [7]

En octubre de 2021, la CIDH determinó la responsabilidad del Estado peruano, pero hasta el pasado 22 de marzo de 2024, se realizó la sentencia y pronunciamiento de la corte IDH contra el Estado Peruano, en la que se determina que: “Perú es responsable de la violación de los derechos al medio ambiente sano, la salud, la integridad personal, la vida, la protección especial de la niñez, el acceso a la información, la participación política, así como las garantías judiciales y la protección judicial en perjuicio de 80 habitantes de La Oroya”.[8]

De los 80 denunciantes iniciales, actualmente 74 continúan vivos, los(as) otros(as) 6 fallecieron por diversos males, de los que destacan los casos de dos menores de edad, los cuales la CIDH consideró como responsable al Estado peruano, por la ausencia de prevención para cumplir con los derechos a un ambiente sano y garantías de salud.[9]

Condena y medidas de reparación

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado peruano en relación al caso de La Oroya a partir de las siguientes las siguientes acusaciones[10]:

El Estado peruano no cumplió con su deber de regular y fiscalizar las actividades del Centro Metalúrgico La Oroya (CMLO), lo que produjo daños a los habitantes de la Oroya y se constituyó una vulneración al derecho a un medio ambiente sano.
El Estado peruano no cumplió con su obligación de proporcionar información completa sobre la contaminación ambiental a la que fueron expuestas las víctimas.
El Estado peruano no cumplió con su deber de implementar las órdenes de la sentencia del Tribunal Constitucional de 12 de mayo de 2006, de igual forma, no investigó las amenazas y hostigamiento que padecieron algunos(as) denunciantes.
Con base en esto, la CIDH estableció las siguientes ordenes de reparación a las víctimas[11]:
Brindar atención médica gratuita a las víctimas.
Realizar un diagnostico del estado de contaminación del aire, agua y suelo, e implementar un plan de remediación para daños ambientales.
Ajustar la norma que establece los valores máximos permisibles de plomo, dióxido de azufre, cadmio, arsénico, material particulado y mercurio en el aire. En la que se tiene que garantizar que no sobrepasen los máximos para la protección del medio ambiente y la salud de las personas.
Pagar las reparaciones económicas por daño material e inmaterial establecidas en los montos de: 15 mil dólares para víctimas directas; 35 mil dólares para las familias de los fallecidos, 25 mil dólares para víctimas menores de edad, mujeres o personas mayores.
Garantizar la efectividad del sistema de estados de alerta en La Oroya, por medio de un sistema de monitoreo de la calidad del aire, suelo y agua.
Garantizar atención médica especializada a la población de La Oroya que sufran síntomas o enfermedades relacionadas con la exposición a contaminantes de la actividad metalúrgica.

Un primer paso para la lucha ambiental

Este caso muestra una increíble victoria por parte de los defensores ambientales del pueblo peruano, ya que lograron que por primera vez se responsabilice al Estado por la violación al derecho a un ambiente sano y a la salud, es así como una víctima expresa su gran contento al respecto: “Hace 20 años, cuando inició esta lucha, yo iba con mi pancarta que decía que la salud de los niños vale más que el oro. Nunca desistimos, ahora estoy muy alegre con la decisión de la Corte”[12]

Este puede ser un gran paso para la protección del medio ambiente en Perú, sin embargo, en el gobierno actual, se están realizando diferentes jugadas políticas que vulneran la protección de la naturaleza, además, Perú es considerado como uno de los países en que los(as) lideres ambientales tienen mayor riesgo en el mundo[13], en la que se estima han asesinado a más de 50 lideres ambientales en la última década.[14]

Por lo tanto, esperamos que este hito sea el inicio de una efectiva protección a los derechos humanos en Perú, y que este tipo de sentencias se expanda al continente americano, ya que pueden significar un gran paso en la defensa de los derechos humanos y la protección a lideres sociales, como lo expresa Yolanda Zurita, otra víctima afectada por la industria metalúrgica: “Lo que esperamos ahora es que se implemente la sentencia. Que el Estado cumpla por primera vez con sus obligaciones y que garantice nuestros derechos como defensores ambientales. El cumplimiento de la sentencia es lo mínimo que esperamos de un Estado comprometido con la garantía de los derechos de sus ciudadanos”.[15]