Por: Katerin Erazo, Periodista
El Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida) capítulo Perú publicó en 2022 dos informes (Derechos humanos y género en Perú y Boletín #6 – Escazú y la violencia contra liderazgos ambientales en Colombia y Perú) en los que presentan un balance de la situación de derechos humanos de mujeres y población LGBTIQ+, y visibilizan la violencia letal cometida contra personas defensoras del ambiente y el territorio en Perú a partir del año 2020.
El primer informe publicado el 08 de marzo, Derechos humanos y género en Perú, tiene como objetivo promover la eliminación de la estigmatización y los hechos violentos en contra de mujeres, defensoras de derechos humanos y población LGBTIQ+, quienes buscan el respeto y la igualdad.
Según este informe, las defensoras en el país peruano enfrentan amenazas, asesinatos, criminalización, agresión física y hostigamiento. En lo corrido del año al momento de la publicación del informe (08 de marzo), Odevida Perú registró que 144 defensoras estaban enfrentando procesos de criminalización que suelen prolongarse por más de 10 años.
Dicha criminalización, que según los registros es el tipo de hecho más recurrente contra las defensoras, ocurre en un contexto de marginación y mayor vulnerabilidad cuando se trata de mujeres indígenas. Cabe añadir que las defensoras de derechos humanos muchas veces son excluidas de los espacios en los que se toman decisiones de algunos temas, esto debido al patriarcado y machismo que aún mantiene la población en sus territorios.
A raíz de esto, la investigación hecha por el Observatorio para la Defensa de la Vida registró que en Perú hay un incremento de desaparición de mujeres indígenas y también de niñas, pues en 2019 cerca de 915 mujeres habían sido reportadas como desaparecidas, mientras que en 2020 las estadísticas indicaban la desaparición de 5.500 mujeres, cifra que subió para 2021 llegando a la cifra de 5.904 mujeres desaparecidas, de las cuales el 66% de ellas eran niñas y adolescentes.
Los lamentables hechos continúan con que las mujeres de dicho país están expuestas a situaciones de violencia que eventualmente involucran afectación a su salud sexual y reproductiva, y además viven una desigualdad política, ya que se ha registrado una menor participación en los gabinetes del Estado, pues en los últimos 22 años de democracia, la participación del género femenino en ministerios ha oscilado entre 3 y 9 designaciones por periodo.
Cabe añadir que no sólo las mujeres se encuentran en condiciones de vulnerabilidad en Perú, ya que la población LGTBIQ+ también ha sido afectada por las mismas situaciones de desigualdad y violencia, “En el 2022, poco queda de aquel Perú que en 1924 fue uno de los países pioneros en la región al despenalizar la homosexualidad. Mientras tanto, los diferentes gobiernos e instituciones han ignorado o refutado las diversas propuestas de promoción de derechos civiles de personas LGBTIQ+ bajo argumentos religiosos y fundamentalistas”, menciona Odevida capítulo Perú en su informe.
Una de las conclusiones hechas por el Observatorio para la Defensa de la Vida es desoladora, explican que el panorama que viven las mujeres y la población LGBTIQ+ con respecto a sus derechos es preocupante, pues su participación política es mínima, en especial el de las mujeres indígenas.
Además de esto, en su informe Escazú y la violencia contra liderazgos ambientales en Colombia y Perúpublicado en junio, el Observatorio registró un panorama desalentador en cuanto a la vida de las defensoras y defensores de las tierras de Perú, pues al parecer el Estado no es consciente del valor que tienen las tierras, ya que prefieren sacrificar recursos naturales, pasando por encima de las comunidades, con la falsa idea de un desarrollo y progreso futuro que tampoco se realiza y por el contrario deja varios impactos negativos.
Una de las preocupaciones que se destacan en este informe, es la ausencia del Estado frente a hechos violentos que se registran frente a defensoras y defensores del medio ambiente, por lo que, según Odevida, pareciera “que el Estado peruano no entiende ni valora el rol de las personas defensoras”.
La pandemia fue el escenario propicio para que se dieran de manera frecuente hechos violentos en contra de personas defensoras. Uno de los distritos del Perú más afectados en pandemia fue Puerto Inca (Huánuco), pues allí cuatro defensores fueron asesinados y se reportaron 171 amenazas a dirigentes y comunidades de la zona, cuyo riesgo aumenta debido al incremento de actividades de minería ilegal y narcotráfico.
Frente a esto, muchas veces las comunidades se han visto forzadas a realizar protestas, tomando las carreteras con el fin de reclamar sus derechos, protección y también que se cumplan los compromisos de protección del Estado frente a las empresas mineras.