Por: Katerin Erazo, Periodista
Durante 2022, el Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida), capítulo Venezuela, organización de la que la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) hace parte y que se dedica a generar conocimientos e interviene socialmente para promover el derecho a la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente, se centró en investigar los hechos y patrones de violencia que han afectado a campesinos, líderes y lideresas sociales, y la presencia de grupos armados en territorios venezolanos.
En el marco de esta actividad, Odevida capítulo Venezuela publicó durante el año cuatro informes en los que investigaron los temas anteriormente mencionados: Venezuela: violencia contra personas campesinas defensoras del derecho a la tierra; Navegando las aguas de Amelia Conde; Amazonía venezolana: una historia de muchos Haximú y Violencia contra líderes sindicales: el retroceso de la clase obrera en Venezuela.
Según Odevida capítulo Venezuela, entre 2015 y 2020 se ha registrado un total de 102 hechos victimizantes contra los campesinos defensores del derecho a la tierra en territorios venezolanos. El observatorio registró que de este total, un 37,25% de personas han sido detenidas arbitrariamente, mientras que el 14,71% han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales y un 13,73 % han sido víctimas de asesinatos selectivos.
En este primer informe Venezuela: violencia contra personas campesinas defensoras del derecho a la tierra, publicado en abril, se menciona la represión que ha afectado a los defensores, expresada, por ejemplo, en el desalojamiento que particularmente se ha llevado a cabo por grupos armados. En uno de los apartados dentro de este informe se visibilizan algunas de las víctimas y la manera en la que fueron asesinadas y desalojadas de sus territorios.
Uno de los hallazgos más relevantes de esta investigación fue que los principales actores responsables de la violencia que afecta a personas campesinas defensoras del derecho a la tierra en Venezuela, “son las fuerzas de seguridad del Estado venezolano por acción u omisión; bandas de sicarios al servicio de terratenientes y delincuentes comunes”.
Cabe añadir que, según el informe Violencia contra líderes sindicales: el retroceso de la clase obrera en Venezuela, publicado en el mes de julio, Odevida capítulo Venezuela registró un total de 82 casos de violencia en contra de defensores de derechos laborales y líderes sindicales entre 2015 y 2020. Esta violencia sindical se presenta principalmente en sectores productivos en los que ocurren situaciones de paralelismo sindical y juega un papel relevante la competencia por la contratación de trabajadores.
Una de las principales causas que afecta a los defensores de derechos laborales, según esta investigación, es el “accionar del sicariato”, el cual inició como consecuencia del paralelismo sindical, casos que el Estado venezolano no ha investigado y ha sido ausente con estos hechos violentos en contra de estas personas.
Por esta razón, Odevida pidió a la Asamblea Nacional que: “se conforme e instale una Comisión Parlamentaria pluripartidista con participación activa y decisoria de dirigentes sindicales y de organizaciones de derechos humanos que investigue y presente un Informe de las denuncias sobre violaciones a la libertad sindical, y sobre los asesinatos a dirigentes y activistas sindicales ocurridos entre el año 2000 y el 2020 producto del accionar del sicariato”.
Según Raúl Cubas, coordinador de Odevida capítulo Venezuela, en el país no está vigente el Estado de derecho y tampoco hay independencia de poderes, dicho problema no es por las leyes, sino de voluntad política. Cubas mencionó que los ejercicios de derechos laborales en Venezuela han sido difíciles debido a que la libertad sindical está totalmente “represada” y los niveles de salario son muy bajos.
Odevida capítulo Venezuela también investigó en 2022 sobre la grave problemática que afecta a los pueblos y comunidades indígenas al sur del país y la presencia de actores armados en estas zonas. En el mes de octubre publicaron el informe Amazonía venezolana: una historia de muchos Haximú, en el registraron que estos territorios aún continúan siendo invadidos por la minería extractivista, lo que ha generado que hombres y mujeres indígenas luchen por la defensa de la zona; del agua; de su cultura y en general de su territorio.
Los indígenas de allí han señalado que las amenazas que viven son múltiples, ya que la minería introduce otras actividades ilícitas como el narcotráfico, los grupos armados irregulares y las mafias. Según el informe, desde 2013, las organizaciones indígenas han estado denunciando la presencia de la guerrilla colombiana en el territorio amazonense.
Una población que ha sido fuertemente afectada por las organizaciones ilegales han sido las mujeres indígenas, pues en 2014 la Organización de Mujeres Indígenas de Autana (OMIDA) denunció que estos grupos las acosan, hostigan y amenazan, ocasionando una mayor vulnerabilidad.
La presencia tanto de las FARC como del ELN en estos territorios indígenas ha producido problemas socioculturales, lo que ha generado división de las mismas comunidades, ya que hay quienes defienden los modelos de economía tradicional colectiva, respetuosa del ambiente y el territorio, y otros de alguna manera se han plegado a las exigencias de los grupos externos, sobre todo mineros.
Algunas de las recomendaciones que las comunidades indígenas han hecho al Gobierno es implementar medidas adecuadas para impedir que grupos de delincuencia organizada continúen desarrollando actividades de minería ilegal, narcotráfico, contrabando, pistas clandestinas e invadiendo los territorios indígenas en Amazonas, afectando el nivel de vida de la población y hasta su salud.
Las voces desde el territorio también son importantes para el observatorio y es por esto que Odevida capítulo Venezuela quiso navegar en la historia de vida de la lideresa indígena Amelia Conde, originaria del pueblo indígena piaroa, también conocido como uwöttüja (gente con conocimiento) o de’aruwä (dueño de la selva), el Observatorio publicó el informe Navegando las aguas de Amelia Conde, en el que cuenta los pasos que Amelia ha realizado para llegar a ser la lideresa indígena que hoy en día es.
Son muchos los temores que viven las personas defensoras de sus territorios, de hecho, Amelia expresó su preocupación por los hechos violentos que se registran en contra de los líderes, aún así, es muy consiente de que, desafortunadamente, no existe ningún protocolo de protección para las organizaciones indígenas. “Yo no tengo ni idea de cómo protegernos. Deberíamos sentarnos los de todos los países y hablar sobre esto, allá también los matan. Ayer un compañero me estaba preguntando ‘¿qué podemos hacer?’ y yo le dije ‘yo no sé’, ‘yo tengo mucho miedo’”.
En 2021, Según el Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida) capítulo Venezuela, no solo los defensores del medioambiente y del territorio han sido víctimas de la violencia, sino también la población civil e indígena que habita en los territorios afectados por la minería. A esto se le suma que Venezuela fue el país que no firmó el Acuerdo de Escazú, instrumento clave para la protección del ambiente y la defensa de los derechos ambientales en América Latina y el Caribe.
Según Raúl Cubas, lo que ha funcionado para la situación de los derechos humanos han sido las denuncias internacionales y la actuación de los mecanismos de Naciones Unidas, los cuales han realizado anualmente recomendaciones al Gobierno de Venezuela que apuntan a mejorar dichas situaciones violentas.
En 2023, Odevida capítulo Venezuela seguirá investigando y denunciando los casos de violaciones de derechos humanos en Venezuela, visibilizando la labor de los defensores y defensoras, y acompañándolos con protocolos de autoprotección y denuncia frente a las autoridades.