Por: Alerta Venezuela
Alto Comisionado reunido con el Canciller de Venezuela. Foto del domino público, 27 de febrero de 2023.
A dos semanas de la expulsión del personal de la OACNUDH de Caracas, la cuestión de cómo será la nueva relación del Estado con este órgano, y en general con la arquitectura política, humanitaria y de derechos humanos de la ONU sobre Venezuela, continúa sin definiciones. A este nivel no debería haber sorpresas. La cooperación internacional ha sido desde el primer momento una prioridad estratégica para el gobierno de Maduro y sus contornos simplemente se hicieron más evidentes con el tiempo. Al Estado le interesa sólo un tipo de presencia internacional: la que le sirve para mejorar su imagen internacional. En un contexto preelectoral con niveles progresivos de represión, una presencia internacional condicionada es fundamental para el gobierno porque de otro modo asume que tendrá que replicar abiertamente el modelo nicaragüense.
El Estado está trabajando el objetivo de recuperar una presencia internacional a su medida en el periodo actual del Consejo de Derechos Humanos. Mucho de lo que allí suceda, incluyendo la actualización oral del Alto Comisionado y las reacciones del gobierno, ayudará a despejar dudas sobre el porvenir con el sistema ONU. Por lo pronto, el Estado sigue dando muestras consistentes de querer llevar este objetivo a sus últimas consecuencias. En reunión con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el canciller venezolano señaló que “siguen interesados en mantener una cooperación técnica de alto nivel sin injerencias ni participaciones políticas”. Esto significa una presencia que tenga prohibido denunciar violaciones de derechos humanos y que, dado el antecedente con el caso de Rocío San Miguel, regrese con una vara más baja. Se trata de un escenario inaceptable que debe ser categóricamente rechazado por la comunidad internacional.
La semana pasada se supo de una iniciativa de diálogo de alto nivel con oficiales de la ONU tras la expulsión del equipo del Alto Comisionado. Esta movida del Estado recuerda que su práctica de debilitar al sistema ONU aparece como una constante en los últimos años. Fue, de hecho, una condición implícita de la instalación de la OACNUDH en el terreno a través de una Carta de Entendimiento que nunca se hizo pública. Es decir, el gobierno se reservó todo este tiempo la potestad discrecional de acabar con la OACNUDH a partir de su propio nacimiento. Los sucesivos intentos de condicionamiento al sistema universal llevaron al Estado a que en pleno debate del Consejo de Derechos Humanos amenazara con adoptar “medidas contra los países que apoyaran la resolución” que finalmente aprobó la renovación del mandato de la Misión de Determinación de los Hechos. Allí el Estado asomaba por primera vez ante el Consejo la intención de suspender el trabajo de la OACNUDH, lo cual terminó por cristalizarse en medio de una gran incertidumbre.
Lo que ocurre con la expulsión del equipo del Alto Comisionado y la supuesta redefinición de la estrategia oficial con el sistema ONU no es más que la continuación de su política de la cooperación como chantaje: se acepta un sistema ONU cómplice o se cierra la puerta definitivamente, con las consecuencias que cada caso trae. Este juego de suma cero plantea una encrucijada que la comunidad internacional no debe tolerar porque en cualquier escenario asigna todos los costos a miles de víctimas que reclaman el cese de la represión y la rendición de cuentas.
El desafío principal, sin embargo, consiste en que la encrucijada del gobierno tiene que ser afrontada con una ONU que tome el liderazgo apelando a su propia historia en el terreno. En su informe de Lecciones no Aprendidas, AlertaVenezuela recordó que durante la fase final de la guerra en Sri Lanka (2007 – 2009) la ONU incurrió en su primer fracaso institucional al mantener un silencio cómplice frente a las atrocidades cometidas. Esto llevó a Ban Ki-moon a comisionar un estudio que estableció que la ONU “no invocó adecuadamente los principios de los derechos humanos que son la base del sistema, sino que pareció hacer lo necesario para evitar la confrontación con el gobierno”. Es responsabilidad del Alto Comisionado impedir que la organización repita en Venezuela los errores de las experiencias trágicas de Sri Lanka y Myanmar, haciendo del sistema ONU un instrumento político al servicio del poder de turno.
Mientras queda pendiente la relación con la ONU, el Estado insiste en avanzar en su fórmula de cooperación internacional, esta vez frente a la Corte Penal Internacional. El viernes 1 de marzo, luego de la decisión de la Sala de Apelaciones que autoriza la reanudación de la investigación sobre el asunto Venezuela I, el Estado emitió su acostumbrado comunicado de Cancillería expresando que la CPI “persigue fines políticos”. En otro fragmento, alude a su relación con la fiscalía de la CPI en materia de asistencia técnica y “agradece la asistencia brindada y ratifica que no es necesario ni apropiado que la fiscalía lleve a cabo investigaciones separadas o adicionales”. El fiscal Tarek William Saab reiteró esas palabras al poco tiempo durante una rueda de prensa.
En este contexto surge la interrogante de para qué va a servir la propuesta de asistencia técnica a un Estado que niega de entrada la existencia de crímenes de lesa humanidad. Con esa postura se revela su falta de apertura -independencia e imparcialidad- para investigar los crímenes cometidos en su jurisdicción. Así como se espera de la OACNUDH, Venezuela quiere una asistencia técnica penal a la medida, “sin injerencia en asuntos internos”. La Fiscalía de la CPI, como advertimos en una edición anterior, debe cuidarse de caer en su relación con el Estado en el modus operandi de la OACNUDH que implicó hacerle el juego al gobierno a través de la zanahoria de la asistencia técnica; esto es, sin medir ni valorar ninguna acción, sino para distraer y frenar el trabajo de monitoreo y protección en el terreno. La Fiscalía de la CPI sabe que debe continuar con su investigación y que ello requiere una asistencia técnica que exija resultados.
El Estado está cerrando las puertas al escrutinio internacional, sea directamente con menor presencia en el terreno, sea con una presencia más condicionada. La comunidad internacional no puede ceder ante este bullying diplomático de Venezuela y debe responder con más acciones de monitoreo y protección. Es necesario que envíe un mensaje alto y claro, principalmente a Volker Türk, sobre la importancia de una OACNUDH con mandato balanceado de monitoreo y asistencia técnica dentro de una genuina estructura de Oficina de País. A su vez, debe renovar y apoyar decididamente el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos y colaborar en todo lo necesario con el trabajo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Cualquier otro arreglo político-institucional es permitir que el gobierno de Maduro tenga menos costos en su abierta escalada represiva y hace cada vez más plausible un contexto de crisis peor, como el nicaragüense.