Por: Odevida Venezuela
Este informe ilustra los desafíos particulares que enfrentan las personas líderes y defensoras de derechos humanos en Colombia, Venezuela y Perú en medio de contextos locales que continúan siendo adversos para el ejercicio de sus funciones. La visibilización de estos escenarios persigue el objetivo de llamar la atención de los gobiernos nacionales de los tres países y de la comunidad internacional sobre este fenómeno arraigado en Latinoamérica, instando a la pronta implementación de soluciones destinadas a salvaguardar tanto la vida de estas personas como las agendas que abanderan.
Colombia y las paradojas de la Paz Total
Con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia se inauguró el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia. El cambio, enarbolado como bandera de gobierno, tenía como puntos nodales la implementación del enfoque de seguridad humana para promover la prevención y protección de violaciones de derechos humanos contra líderes sociales y la población civil en general, en conjunción con el desarrollo de la política de Paz Total. No obstante, después de un año de gobierno, las cifras demuestran que este propósito sigue siendo una deuda pendiente, a pesar del cambio político en el país.
Desde el 07 de agosto de 2022, fecha de inicio del gobierno Petro, hasta octubre de 2023, Odevida ha documentado 213 asesinatos de líderes sociales, de los cuales 141 ocurrieron en el presente año. Esta última cifra evidencia que se siguen replicando los mismos índices de violencia letal del año 2022 contra estos líderes y defensoras, pues entre enero y octubre del año pasado se registraron 156 hechos de violencia homicida. Así mismo, existe una variación del fenómeno, que ha ido reconfigurándose territorialmente a la par que los perpetradores de la violencia siguen sofisticando sus formas de operación, complejizando la adopción de medidas desde la institucionalidad para la atención de rutas de protección colectivas de los líderes y lideresas.
Aunque al comparar las cifras de enero a octubre de 2022 (156 asesinatos) versus el mismo periodo para 2023 (141 asesinatos) evidenciamos una reducción del 9% de los casos, esto no refleja necesariamente la eficacia de las medidas tomadas desde el nivel institucional. Durante los últimos 15 meses la vida de un líder o lideresa social en Colombia se apaga cada dos días, así mismo se perpetúa un duro promedio 14 asesinatos mensualmente.
En este contexto, en el marco de la integralidad que abarca la política de Paz Total como estrategia para cerrar los ciclos de conflicto en Colombia, se destaca la necesidad de intensificar los esfuerzos para consolidar un ecosistema de mecanismos de prevención y protección eficaz para salvaguardar la vida de los liderazgos sociales en el país.
En Venezuela, la sistematicidad de la violencia contra defensores y defensoras de DD.HH. es ejercida en su mayoría por funcionarios públicos y medios gubernamentales
En Venezuela la sistematicidad de la violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos continúa reproduciéndose anualmente. Para 2023 el Estado Venezolano y sus autoridades han afianzado una política de criminalización, represión y control social, que se evidencia en las agresiones, amenazas y detenciones arbitrarias que afectan a los activistas que hacen parte del movimiento nacional de derechos humanos.
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró un total de 2050 ataques e incidentes de seguridad contra defensores y defensoras de DD.HH. ocurridos entre los años 2017 y 2022. Recordemos que por ataques se entiende hechos tales como: estigmatización, intimidación y hostigamiento, amenazas, ataques digitales, detenciones arbitrarias, judicialización, allanamientos, entre otros. De este periodo de tiempo, el año 2021 fue el más violento, con un registro de 743 ataques, 2022 registró 396 y en el primer semestre de 2023 se sumaron 309 casos, lo que claramente indica una tendencia al alza para el presente año, ya que en los meses de julio y agosto se registraron 20 y 60 casos más que el año anterior, respectivamente.
Odevida identificó que los liderazgos sindicales, los liderazgos indígenas y los defensores de derechos humanos son los más afectados por la represión gubernamental. En 2022 se mantiene el registro de 44 asesinatos de dirigentes sindicales entre los años 2015 y 2020, sin reportarse nuevos casos desde el año 2021. Por otra parte, durante 2022 se presentaron 23 casos de detenciones arbitrarias de dirigentes sindicales, que encabezaron protestas en demanda de reivindicaciones laborales. Entre 2013 y 2021, Odevida ha registrado un total de 135 casos de defensores/as de derechos ambientales y del territorio en Venezuela que han sido víctimas de la violencia y la represión.
Perú: de la crisis política a la represión y violencia contra la defensa de los DD.HH.
La represión estatal en Perú se ha vuelto sistemática, independientemente del sector político que ostente la presidencia. Esto da cuenta de cómo la inestabilidad política estatal ha incidido de manera directa en la protección y defensa de los derechos humanos, pues la crisis política genera un ambiente propicio para abusos y violaciones de derechos, por ello, la promoción de la estabilidad política en este país es a su vez la promoción de la defensa de los derechos humanos.
De acuerdo a lo documentado por la Defensoría del Pueblo de Perú, en 2021 se registraron 2.418 acciones colectivas de protesta, 322 más que en 2020. En estos dos años (2020 y 2021), de acuerdo a lo expuesto por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), hubo un total de 21 asesinatos de líderes y lideresas sociales en el Perú. En este mismo periodo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reportó amenazas y ataques en contra de 35 defensoras y defensores ambientales, y solo para el año 2021 se reportaron ante este ministerio 56 situaciones de riesgo a personas defensoras, estas en su mayoría pertenecientes a población indígena.
Esta represión se manifiesta a través de detenciones arbitrarias, uso desproporcionado de la fuerza y presión contra periodistas, organizaciones de derechos humanos y la población civil en general, que ejerce su legítimo derecho a la protesta en el contexto peruano. Una situación que siguió agravándose con la crisis institucional derivada de la salida de Pedro Castillo de la Presidencia en diciembre de 2022, pues, según diversas fuentes, en las jornada de protesta derivadas de este hecho, contando hasta marzo de 2023, se presentaron 50 homicidios de personas que desempeñaban roles de liderazgo y defensa de los derechos humanos durante estas movilizaciones sociales.
Le invitamos a leer el informe completo con todos los datos, contextos, información y análisis de los tres países, aquí: