Por: Reynaldo Mozo Zambrano, para Efecto Cocuyo
Un grupo de defensores indígenas y organizaciones de activistas por derechos humanos acudió a la sede de la Defensoría del Pueblo, en la avenida Urdaneta de Caracas, para exigir que se ejecuten acciones contra la minería ilegal que se realiza en el estado Amazonas.
Narcisa Pereira, del pueblo originario Ñengatú, del municipio Río Negro, en Amazonas, dijo que enviaron una carta a Alfredo Ruíz, defensor del pueblo, con el fin de que los ayude a solucionar los problemas que ha causado la minería ilegal en Amazonas.
“Afecta a la comunidad indígena, al medioambiente, los ríos, las patologías se vuelven más vulnerables por la contaminación que causa el mercurio y muchas otras cosas más”, explicó la activista la mañana de este viernes 9 de junio, frente a la sede de la Defensoría del Pueblo.
Pereira exigió que se pare la minería ilegal que se lleva a cabor en el estado Amazonas. Agregó que el pasado 23 de marzo enviaron una carta a la sede de la defensoría en ese estado, pero no han tenido respuesta.
Amenazas del narcotráfico y grupos armados
Raúl Cubas, coordinador del Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida), junto a Provea, acompañaron a los indígenas a realizar el petitorio.
Cubas aseguró que están preocupados por la situación que viven en la región con la presencia de grupos irregulares armados que controlan los territorios, como lo son las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el denominado Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos vinculados al narcotráfico.
“Desde hace cinco años los territorios del Alto Autana están controlados por estas fuerzas irregulares y los pueblos originarios no pueden hacer vida normal, no pueden transitar libremente, están controlados por estos grupos. Hay reclutamiento de jóvenes por parte de la guerrilla y también los grupos de narcotráfico se valen de la falta de empleo y los contratan como caleteros de las mercancía. Esto genera violencia”, denunció el activista.
El coordinador de Odevida recordó que el asesinato del líder indígena Virgilio Trujillo Arana se debió fundamentalmente por las denuncias que había formulado sobre la minería ilegal y los hechos irregulares en la zona.
El activista denunció que en Venezuela, según datos de Provea y Codevida, se han amenazado de distintas maneras a al menos 35 indígenas de la etnia Piaroa.
“En sus comunidades se está presentando un fenómeno nuevo, que era característico de Colombia, que es el desplazamiento de poblaciones por la violencia. Ya hay desplazados de las zonas internas de Amazonas a Puerto Ayacucho, inclusive algunos se van a Puerto Carreño, en Colombia; y también los guardianes del territorio, que eran compañeros de Virgilio Trujillo, tuvieron que ser ubicados en otras zonas del país debido a las amenazas de esos grupos”, expresó.
Jóvenes indígenas captados por guerrilleros y narcotraficantes
Los pueblos originarios en el país han sido uno de los más afectados por la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela. Cubas explica que muchas familias de comunidades indígenas se están separando debido a la crisis, que también afecta el desarrollo de sus culturas y creencias.
El defensor de derechos humanos señala que hay pueblos aborígenes que están preocupados porque la población más joven se incorpora a grupos de guerrilleros o narcotraficantes, porque estos le ofrecen altas sumas de dinero que los ayudan a paliar la crisis.
“Los narcos le pagan por paletear, ellos dicen que son pagos buenos, hacen lo mismo que los grupos delincuenciales en las zonas urbanas, te doy una moto.Eso en la cultura urbana es común, pero en la cultura indígena no había pasado. Hace 10 años los jóvenes indígenas seguían las orientaciones ancestrales de sus padres, de sus abuelos y hoy toman ese modelo debido a la emergencia humanitaria compleja”, reitera.
Exigencias
A pesar de la explotación minera ilegal en Amazonas, son pocos los esfuerzos que realizan las fuerzas de seguridad del Estado para acabar con este delito. Desde el año 1987 la minería está prohibida en ese territorio.
Cubas asegura que es un secreto a voces que todas las evidencias hablan de que estos grupos irregulares armados que operan en la zona tienen complicidad con las fuerzas militares desplegadas en la región.
“Eso es lo que les garantiza la impunidad y por eso permanecen en el territorio”, apunta.
“Lo que ha pasado en Yacapana es evidente, el Estado inclusive comenzó a tomar medidas y reconoció esa situación, pero no se va al fondo de la situación. La información que tenemos nosotros de propias fuentes indígenas es que muchos de esos operativos que muestran semanalmente, los jefes de la Zodi, que queman los campamentos mineros, son parte del show y no hacen efectivamente el trabajo”, continúa.
El grupo de indígenas y los activistas por los derechos humanos instan a la Defensoría a que se abra una mesa de diálogo para resolver lo que ocurre en Amazonas, y que sean los propios pueblos indígenas con las autoridades los que planteen el problema y el Estado se haga cargo.
“Nosotros creemos que las mesas de diálogo se deben desarrollar lo más pronto posible porque hasta el año pasado se hablaba del problema originado en el Arco Minero del Orinoco, no se hablaba de Amazonas, y hoy en este estado se practica más minería, destrucción del ambiente y daños socioculturales que está afectando la cultura de los pueblos originarios”, dijo.