Cuatro informes, un mensaje

Por: Alerta Venezuela

Entre el 29 y 30 de abril, las organizaciones venezolanas Acceso a la Justicia y Provea, y las internacionales Amnistía Internacional y Human Rights Watch presentaron sus informes anuales sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y en el mundo, respectivamente.

Tres temas y una visión en perspectiva son compartidos por los cuatro informes. Los temas predominantes se refieren al fraude electoral de julio de 2024, la represión sin precedentes para reprimir la protesta popular y la impunidad en la que permanecen las violaciones de derechos humanos y crímenes de esa humanidad cometidos antes, durante y después de la elección presidencial.

En el marco de su mandato preferente sobre los derechos económicos, sociales y culturales, Provea advierte además sobre un mayor deterioro de los indicadores en materia de salud, educación, salario y seguridad social, lo cual deja al descubierto la falsa narrativa sobre una supuesta recuperación el país en lo que respecta al área socioeconómica, y evidencia el aumento de la brecha de inequidad en el país. Al mismo tiempo, el futuro de la calidad de vida del país en su conjunto se ve comprometido por un esquema extractivista con enormes impactos en el ambiente, especialmente en zonas habitadas por pueblos indígenas, pero también en comunidades pesqueras y campesinas afectadas por al menos 34 derrames petroleros y acciones de deforestación que alcanzan entre 75.000 y 85.000 hectáreas en tan solo dos estados del país.

Mientras el informe de Acceso a la Justicia califica lo sucedido en 2024 como un “colapso definitivo de la fachada democrática”, Provea caracteriza este período como un “apagón democrático”. Se trata de dos títulos que describen de manera categórica el también categórico cierre del espacio democrático en Venezuela.

Por su parte, los informes de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch destacan el recurso de la represión como principal mecanismo para desconocer la voluntad popular, al tiempo que recuerdan que la comisión de nuevos crímenes de lesa humanidad se produjo mientras permanece abierta una investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) contra Venezuela, por la cual todavía no se ha abierto un caso que permita avanzar en el establecimiento de responsabilidades individuales de los máximos perpetradores de estos crímenes en el país.

Los hallazgos de estos informes muestran de manera irrefutable que en 2024 Venezuela llegó a una circunstancia de pérdida de la democracia y de anulación absoluta del Estado de derecho.

Pese a la gravedad de la situación, existe el riesgo de que la venezolana se convierta en una crisis olvidada, mientras la situación interna empeora. La firma consultora Ecoanalítica anticipa una contracción del PIB de -4,1%, una caída del consumo privado de -5,8% y el regreso a una inflación de tres dígitos. Se registra un aumento de la brecha entre dólar oficial y el paralelo, y es previsible que las sanciones impuestas recientemente por la administración de EEUU aviven las economías ilícitas para asegurar la sobrevivencia del régimen, generando otra burbuja de bienestar para la élite gobernante, pero sin efectos positivos en el bienestar de la población. Ya se observa la vuelta de los apagones y hay un temor general al regreso a las épocas más críticas de la emergencia humanitaria compleja, por lo que es esperable que la migración continúe, mientras aumenta también el sufrimiento de quienes permanecen en el país.

Todo este panorama se produce en el contexto de una enorme asfixia de la sociedad civil y de una reducción crítica de la cooperación internacional a causa de las medidas tomadas por el gobierno de los EE.UU.

El mensaje de los cuatro informes apunta a la restitución del Estado de derecho como única vía para recuperar la justicia y la paz en Venezuela. Provea advierte que la actual “violación masiva de derechos humanos solo tendrá una salida cuando las demandas de justicia y de igualdad de derechos para todas las personas puedan ser escuchadas y las instituciones vuelvan a cumplir su mandato constitucional en respeto al Estado de derecho”.

En razón de estas consideraciones, la comunidad internacional debe mantener en el centro de su atención la recuperación de la democracia en Venezuela y, simultáneamente, el apoyo a la sociedad civil en sus esfuerzos para la implementación de medidas de mitigación del sufrimiento de los sectores más vulnerables.