Por: Odevida Internacional
Este informe ilustra los desafíos particulares que enfrentan las personas líderes y defensoras de derechos humanos en Perú en 2023 en medio de un contexto que continúa siendo adverso para el ejercicio de sus funciones. La visibilización de estos escenarios persigue el objetivo de llamar la atención del gobierno peruano y de la comunidad internacional, instando a la pronta implementación de soluciones destinadas a salvaguardar tanto la vida de estas personas como de las agendas que abanderan.
La represión estatal en Perú se ha vuelto sistemática, independientemente del sector político que ostente la presidencia. Esto da cuenta de cómo la inestabilidad política estatal ha incidido de manera directa en la protección y defensa de los derechos humanos, pues la crisis política genera un ambiente propicio para abusos y violaciones de derechos, por ello, la promoción de la estabilidad política en este país es a su vez la promoción de la defensa de los derechos humanos.
De acuerdo a lo documentado por la Defensoría del Pueblo de Perú, en 2021 se registraron 2.418 acciones colectivas de protesta, 322 más que en 2020. En estos dos años (2020 y 2021), de acuerdo a lo expuesto por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), hubo un total de 21 asesinatos de líderes y lideresas sociales en el Perú. En este mismo periodo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reportó amenazas y ataques en contra de 35 defensoras y defensores ambientales, y solo para el año 2021 se reportaron ante este ministerio 56 situaciones de riesgo a personas defensoras, estas en su mayoría pertenecientes a población indígena.
Esta represión se manifiesta a través de detenciones arbitrarias, uso desproporcionado de la fuerza y presión contra periodistas, organizaciones de derechos humanos y la población civil en general, que ejerce su legítimo derecho a la protesta en el contexto peruano. Una situación que siguió agravándose con la crisis institucional derivada de la salida de Pedro Castillo de la Presidencia en diciembre de 2022, pues, según diversas fuentes, en las jornada de protesta derivadas de este hecho, contando hasta marzo de 2023, se presentaron 50 homicidios de personas que desempeñaban roles de liderazgo y defensa de los derechos humanos durante estas movilizaciones sociales.
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