Por: Katerin Erazo, Periodista
Durante este año, el Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida) capítulo Colombia, hizo un seguimiento detallado de la violencia contra líderes y lideresas sociales, enfocado en la defensa ambiental y con un informe especial sobre la situación de esta población en el departamento del Putumayo.
En 2022 los asesinatos contra líderes y lideresas ambientales aumentaron un mayor porcentaje en comparación a 2021. Con la firma del Acuerdo de Escazú se espera que estos ataques contra los y las defensoras del medio ambiente disminuyan. Según el informe Escazú y la violencia contra liderazgos ambientales en Colombia y Perú realizado por el Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida) y publicado el 14 de junio, “el papel de Colombia es indispensable en la mitigación de la crisis climática que atendemos como humanidad”.
Según Juan Camilo Rodríguez, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), Colombia es uno de los países con mayor nivel de violencia contra líderes y lideresas ambientales. Rodríguez mencionó que en dicho informe se realizó un gran esfuerzo por investigar y sistematizar esas afectaciones, dando un balance de lo que ha sido la violencia contra esta población en 2021 y algunos meses de 2022.
Desafortunadamente se ha registrado que muchas de las personas que defienden el territorio terminan siendo estigmatizadas, además, los grupos armados ilegales ponen en la mira a estas personas que denuncian las afectaciones al medioambiente por la presencia de economías ilegales, como la minería y el narcotráfico.
Por el alto registro de los múltiples asesinatos contra líderes y lideresas sociales, algunas ONG internacionales han hecho un seguimiento detallado de estos casos en el país. Global Witness es una de las organizaciones que ha puesto su lupa en este fenómeno y han asegurado que desde 2016 Colombia fue el segundo país con más asesinatos contra defensores y defensoras del medio ambiente. Sin embargo, dado que en 2019 las cifras aumentaron, señalaron al país como el más peligroso del mundo para ejercer la defensa del medio ambiente.
En 2022 Odevida registró que “entre enero y abril, se han cometido más del doble de asesinatos contra líderes ambientales”. Algo importante por mencionar es que, según el observatorio, la violencia defensores y defensoras del medio ambiente está muy centrada en los departamentos del Cauca, Nariño, Antioquia y Putumayo.
Por otro lado, el informe Coca, violencia y resistencia: los flujos del conflicto en el Putumayo 2016 - 2022 realiza un análisis con perspectiva histórica sobre las violencias que afectan a los líderes y lideresas sociales, tanto campesinos como también indígenas, afro y comunales, en el departamento del Putumayo.
Según este informe, durante el primer semestre del año se registró que Putumayo fue el cuarto departamento con más asesinatos contra líderes y lideresas sociales. Dicha situación había disminuido luego del Acuerdo de Paz, el cual se firmó en 2016. Sin embargo, los hechos violentos en este territorio se volvieron a registrar a inicio de la pandemia, en 2020, año en el que el grupo armado post-FARC Carolina Ramírez incursionó al Medio y Bajo Putumayo.
Uno de los municipios que compone el Medio Putumayo es Puerto Guzmán, el cual ha sido el foco de la violencia letal. En este territorio, grupos armados se disputan el control, ya que limita con los departamentos del Cauca y Caquetá, corredores para el tráfico de droga.
Entre los asesinatos registrados, el 65% fueron cometidos contra líderes comunales, es decir, contra integrantes de las Juntas de Acción Comunal (JAC), personas que sirven como un puente entre la institucionalidad y las comunidades. Frente a este hecho se evidenció que no hay garantías para ejercer dicha labor sin que la vida y la integridad queden en riesgo, siendo una situación preocupante y lamentable.
Algunos grupos armados que estarían involucrados en los asesinatos de estas personas son los Comandos Bolivarianos de la Frontera, organización que desde 2019 ha reunido a grupos criminales anteriormente conocidos como Mafia Sinaloa o La Constru. Odevida menciona en su informe que: “Tres fueron perpetrados por el grupo post-FARC Carolina Ramírez, que hace parte de la línea otrora comandada por ‘Gentil Duarte’”.
Los grupos armados han tomado mayor fuerza en este territorio y es por ello que la acción de las autoridades ha quedado en duda, ya que su inacción en relación al contexto de seguridad ha podido confirmar esta situación. Una prueba de ello fueron las cinco alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo entre inicios del año 2019 y mediados de 2022, por lo que se pudo confirmar el crecimiento gradual de los grupos armados ilegales.
Actualmente, los dos grupos que mantienen la disputa armada en el departamento del Putumayo son el grupo armado post-FARC (GAPF o disidencia) Frente Carolina Ramírez (FCR) que hace parte de la línea disidente de alias “Gentil Duarte” y los Comandos Bolivarianos de la Frontera (CBF), que hacen parte de la línea de la “Segunda Marquetalia”.
Juan Camilo Rodríguez de Pares mencionó que el Estado ha tratado materializar el plan de emergencia contra líderes y lideresas sociales a través de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y la instalación de Mandos Unificados. Sin embargo, esta estrategia no ha dado resultados, ya que la violencia contra líderes y lideresas aún se mantiene con niveles muy altos. Rodríguez añadió que habrá que darle más tiempo a la política con el fin de que posiblemente estas estrategias comiencen a funcionar.
Según información de la Unidad de Víctimas, el desplazamiento forzado ha disminuido en el departamento, a pesar de presentar un ligero aumento en el año 2019, esto se debe a que los grupos armados ilegales han logrado ejercer un control social y territorial en municipios con altas cifras de cultivos de coca.
Cabe añadir que Putumayo es uno de los territorios más afectados por la guerra contra las drogas, pues según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), este territorio es el tercer departamento con más hectáreas sembradas de hoja de coca en el país.
El investigador de Pares, Juan Camilo Rodríguez, mencionó que este departamento ha vivido el fenómeno de la coca desde comienzos de la década de los 90, pues desde entonces comenzó a generarse un proceso de colonización campesina atraída por la economía del cultivo de la hoja de coca. Entre el 94 y el 95, las diferentes organizaciones de bases sociales del Putumayo generaron una interlocución con el Gobierno en el que llegaron a la conclusión de que debe haber un plan de sustitución de cultivos de uso ilícito, dicha sustitución fue incumplida por el Gobierno del expresidente Ernesto Samper y sucesivamente por todos los gobiernos hasta el día de hoy.
Finalmente, el panorama que se ve en Putumayo sigue siendo desolador, planteando retos para el Gobierno de Petro, teniendo en cuenta su política de Paz Total por la que ha estado trabajando. Una de las conclusiones expuesta en el informe hecho por el Observatorio para la Defensa de la Vida, es que es necesario desarrollar dicha política de Paz Total en este territorio, ya que representaría un alivio humanitario para la población civil, en especial para los líderes y lideresas sociales que han sido una de las poblaciones más afectadas por el conflicto armado.