La hecatombe ambiental que está generando el gobierno Maduro en Venezuela

Por: ODEVIDA

El informe elaborado por ODEVIDA y PROVEA documenta la profunda crisis ambiental y humanitaria que vive Venezuela, agudizada por la expansión de la minería legal e ilegal, especialmente en territorios indígenas. Esta situación ha generado una grave degradación ecológica, vulneración de derechos colectivos y debilitamiento institucional del Estado, que ha incumplido sus obligaciones internacionales en materia ambiental y de protección a los pueblos originarios.

Entre los principales problemas ambientales se destacan la contaminación severa del Lago de Maracaibo, los derrames petroleros, la deforestación indiscriminada y la crisis del agua potable. A pesar de la magnitud de estos problemas, el Estado venezolano carece de un plan nacional efectivo para el manejo de residuos, la gestión de recursos hídricos y la mitigación de los efectos del cambio climático. El deterioro ambiental impacta directamente la salud, economía y vida cotidiana de millones de personas.

El informe también denuncia violaciones sistemáticas a los derechos de los pueblos indígenas, quienes sufren desplazamientos forzados, destrucción de sitios sagrados, criminalización de sus líderes y aumento de enfermedades prevenibles. La minería ilegal avanza sobre territorios protegidos y parques nacionales, muchas veces con complicidad de sectores militares y grupos armados irregulares como el ELN, generando un escenario de etnocidio.

A esto se suma una profunda precarización en las condiciones de vida de las comunidades indígenas: inseguridad alimentaria, falta de acceso a salud, agua potable y educación intercultural. Las enfermedades como la malaria, la desnutrición y el VIH han aumentado drásticamente, mientras que muchos niños deben abandonar la escuela para trabajar en minas o emigrar. La migración forzada y los conflictos intracomunitarios agravan aún más la situación.

Finalmente, el informe plantea una serie de exigencias urgentes: paralizar el Arco Minero del Orinoco, garantizar la demarcación de territorios indígenas, implementar programas de salud y alimentación con pertinencia cultural, y detener el avance de la minería en territorios protegidos. Se trata de una alerta clara: Venezuela enfrenta no solo una crisis ambiental, sino un proceso activo de destrucción cultural y humana que requiere atención inmediata.