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  • Foto del escritor Laura Cano

Balance de derechos humanos en Colombia es crítico: ONU

Por: Laura Cano.

Periodista Pares.



Recientemente la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, presentó su informe anual sobre Colombia, en el que da cuenta de varios de los escenarios de violencia que durante lo largo del año pasado desde distintos sectores se venían alertando.

Este será presentado ante el consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra (Suiza) el próximo 25 de febrero, y en él se hace un mapeo de lo que fue el 2020 en cuanto a seguridad en el país, un año además atravesado por la pandemia Covid-19. Este panorama se da en cuanto a temas relacionados con asesinatos a líderes/as sociales, masacres, desplazamientos forzados y amenazas.


El balance: crítico. Pero además evidencia que aunque se han creado mecanismos desde el Gobierno Nacional para atender esta alarmante situación, estos se han quedado cortos, y poco se ha avanzado realmente en cuanto a la implementación del Acuerdo de Paz, y por esa vía en una reforma rural integral que permita avanzar con la transformación territorial, lo que es urgente si se tiene en cuenta la situación de violencia que viene acentuándose.



Pues bien, según lo informado por la funcionaria de la organización, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, en Colombia ocurrieron al menos 76 masacres, en las que fueron asesinadas 292 personas, entre ellas 23 mujeres, 6 niñas, 18 niños, 7 indígenas y 10 personas afrodescendientes. Hay que señalar que un panorama similar no se registraba desde 2014, e incluso en comparación con 2019 estos hechos tuvieron un aumento del 111%, siendo este año, además, en el que más masacres han ocurrido desde la firma del Acuerdo de Paz (2016), momento en el que hubo un disminución de hechos, reportándose en 2017 11 masacres. Empero, hay que nombrar, que desde 2018 este tipo de vulneraciones han venido en aumento. No hay que olvidar que sobre los casos de 2020 otros cinco están en verificación por parte de esa oficina.

Adicionalmente, el organismo también presentó un balance, desde el trabajo que han adelantado, sobre los líderes y lideresas sociales que fueron asesinados/as durante el año pasado.


Según esto, se dio a conocer que la Oficina recibió información de 133 casos, de estos se han logrado verificar 90 hechos, y otros 25 están en verificación, mientras que 18 de ellos no se pudieron verificar. Sobre esto, se detalló que 7 de estos asesinatos fueron cometidos contra mujeres, 82 contra hombres, además, de estas personas 18 eran indígenas, 03 afrodescendientes y una 1 pertenecía a la comunidad LGBTIQ. A esto se suma, que durante lo que va del 2021 se han podido identificar 21 casos de asesinatos a líderes/as, de los cuales 1 se ha podido documentar y 20 siguen en seguimiento.

Como se ha venido insistiendo esto dos tipos de vulneraciones se han concentrado en zonas específicas del país, una de ellas es Antioquia y otras es el Cauca, principalmente, lo que no significa que estos sean los únicos departamentos con altos índices de violencia de este tipo, pues el 81% de esos asesinatos ocurrió, además de los puntos anteriormente nombrados, también en el Chocó, Norte de Santander, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca.


Según lo expresado por Juliette de Rivero en El Espectador, esto tiene que ver con que “hay algunas regiones que están particularmente afectadas por esta violencia, y esto corresponde a regiones donde la presencia del Estado es bastante débil. También son regiones donde los índices de pobreza multidimensional son muy altos. Nosotros pensamos que son contextos que favorecen la violencia y la presencia de estos actores armados”.


Por otro lado, se indicó que también se pudo hacer seguimiento de los hechos de desplazamiento forzado durante el 2020: se registraron 94 eventos, los cuales llevaron a dejar sus territorios a 25.366 personas. De nuevo, estos ocurrieron en su mayoría (76%) en zonas como Antioquia, Chocó y Nariño. Por su parte, 74.312 personas sufrieron confinamiento por las restricciones, no relacionadas con la pandemia, impuestas a la población por parte de actores armados no estatales y grupos criminales.


“En las misiones realizadas por la oficina se observó el estado de desprotección de las poblaciones y de sus liderazgos en estas localidades. Muchos de estas poblaciones han compartido con la oficina su sentimiento de zozobra y miedo frente a esta situación. La ausencia de una presencia integral del Estado, en algunas regiones del país, limita la capacidad del Estado para cumplir con su deber de protección de la población, incluyendo el derecho a la vida, los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la justicia y la participación de las personas y grupos más vulnerables”, se lee en el documento de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.



Respecto a lo anterior vale la pena recordar y traer a colación que el año pasado la Fundación Paz y Reconciliación a través del informe ‘Un balance de la guerra y el crimen en Colombia’, analizó que esta violencia en ascenso durante el 2020 estaría relacionada con lo que fue el crecimiento durante ese año de los Grupos PostFarc o Disidencias, el ELN y los Grupos Armados Organizados, los que han casi que doblado su presencia armada territorial en los últimos dos años. Los Grupos Armados PostFarc pasaron de operar en 56 municipios en 2018, a 113 a agosto de 2020. El ELN pasó de estar en 99 municipios a más de 160 en 2020, y el Clan del Golfo opera en algo más de 200 municipios actualmente.


Volviendo a la comunicación de la ONU, por último, la Alta Comisionada también afirmó que durante el año pasado también se recibió información acerca de 795 amenazas y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos; de estas, 67% de las víctimas fueron hombres, 26% mujeres, además, el 2% informó ser parte de la comunidad LGBTIQ. Sobre estos hechos se conoce que el 44% de los casos ocurrió en áreas rurales; el 14% en Bogotá; y el 42% en otras zonas urbanas. El mayor número de casos fue reportado en Bogotá y Cauca. Adicionalmente, se indica que la Fundación para la Libertad de Prensa registró 449 violaciones contra periodistas, incluyendo 152 amenazas, asimismo la Oficina documentó dos casos de homicidios de periodistas.

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