Por:Clima21
Clima21 alertó que han tenido información en las últimas semanas sobre situaciones "graves casos de hostigamiento" contra periodistas ambientales tras las elecciones: "Incluso, algunos de los comunicadores afectados han tenido que ponerse en resguardo para proteger sus vidas y la de sus familias", indicaron
El Observatorio de Derechos Humanos Ambientales Clima21 advirtió en un breve comunicado el pasado 13 de agosto que tras las elecciones del 28 de julio se ha incrementado la “violencia” contra los periodistas y comunicadores en Venezuela, incluyendo a aquellos que trabajan con temas ambientales.
“En la última semana hemos tenido información sobre situaciones que incluyen graves casos de hostigamiento, e incluso, de encarcelamiento. Incluso algunos de los comunicadores afectados han tenido que ponerse en resguardo para proteger sus vidas y la de sus familias”, advirtieron.
“Los comunicadores ambientales son defensores de derechos humanos ambientales. La defensa de los derechos humanos ambientales no es delito”, recordaron.
Un periodista ambiental que pidió el resguardo de su identidad comentó a Runrun.es que el hostigamiento en contra de los profesionales que cubren esta fuente “no es nuevo” pues antes de las elecciones han sido objeto de señalamientos por sus denuncias sobre la situación ambiental en el país, pero reportó que las acciones de intimidación en el contexto poselectoral se han acentuado y consisten en merodear sus residencias en vehículos con vidrios ahumados. En algunos casos, se les ha “aconsejado” que se muevan de sus viviendas porque podrían ser “el próximo objetivo”.
El Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys Venezuela) contabilizó 62 casos que constituyen 79 vulneraciones a la libertad de prensa posterior a los comicios presidenciales del #28Jul. Las violaciones más documentadas fueron agresiones físicas o verbales (30) y hechos de discurso estigmatizantes (18). Además, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció hace una semana que cuatro trabajadores de la prensa detenidos en el marco de los hechos poselectorales fueron imputados por delitos asociados al terrorismo.
Tanto Clima 21 como otras ONG han insistido en la necesidad de que el Estado venezolano suscriba el Acuerdo de Escazú para garantizar, entre otros aspectos, la integridad de los comunicadores que informan sobre las violaciones a los derechos humanos ambientales de todos los venezolanos.
Ipys ha definido la intimidación contra periodistas como la ejecución “de uno o varios actos de amedrentamiento” con el deliberado propósito de “infundir miedo y, finalmente, que la persona o las personas afectadas por las agresiones se inhiban de realizar su labor informativa, so pena de sufrir represalias”. Advierten que el objetivo final de la intimidación es la censura: “silenciar o inmovilizar a la prensa ante una situación de interés social”.
Las intimidaciones contra periodistas en Venezuela suelen hacerse de forma pública a través de medios afines al gobierno o directamente desde voceros del oficialismo. Cuando es pública, resalta Ipys, el propósito es desprestigiar al periodista mediante discursos estigmatizantes.
Cuando la intimidación contra un comunicador o comunicadora social se aplica en privado, como los casos denunciados tras el contexto poselectoral, “suele causar más temor y, de hecho, implica mayores riesgos, pues el victimario estaría dispuesto a actuar subrepticiamente, con impunidad y al margen de todas las garantías de la libertad de expresión y el derecho a la información”.
En su informe anual 2023 Ipys dejó constancia dejaron constancia de que la intimidación es una de las agresiones más recurrentes contra la prensa en Venezuela.
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