Por: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Grufides, Entre Pueblos, Odevida Internacional, Pares
Desde 2016, el Gobierno Peruano inició la construcción de una política pública para la protección de defensoras y defensores de derechos humanos. En aquél año, el país aprobó un protocolo de protección y posteriormente (2019) se consideró al Ministerio de Justicia como encargado del protocolo, además de abrir un registro de situaciones de riesgo (2020). Al año siguiente (2021) se aprobó también el mecanismo intersectorial de protección a personas defensoras, así como una política sectorial a nivel del Ministerio del Ambiente.
Asimismo, en el mismo año, el país aprobó un Plan de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos y en 2022, el Ministerio Público aprobó el “Protocolo de Actuación Fiscal para la Prevención e Investigación de los Delitos en Agravio de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos”.
A pesar de estos avances institucionales en materia de defensa, en Perú la agresión contra defensores y defensoras de derechos humanos sigue siendo desalentadora. Los casos de violencia contra este tipo de defensa se mantienen y aumentan en algunos territorios, siendo el departamento de Cajamarca uno de los más graves.
Este informe de investigación tiene como objetivo contribuir a fortalecer el acceso de defensores y defensoras de derechos humanos en Cajamarca, Perú, a las políticas estatales de protección. Para lograrlo se hace 1) el diagnóstico de riesgos de la defensa de los derechos humanos en el territorio, considerando modalidades de agresión y actores involucrados; 2) la identificación de las barreras para el acceso a las medidas de protección; 3) la elaboración de propuestas y recomendaciones para la superación de estas barreras.
Como resultado de la investigación se encontró que en Cajamarca, Perú, las principales dinámicas de violencia contra defensores y defensoras se generan en el ámbito de influencia de empresas formales y con la participación de actores estatales mediante el uso de la fuerza en contextos de protesta social. Actualmente, el tipo de defensa que genera más agresión es la defensa de los derechos de la mujer.
Actualmente, no existe ningún impedimento para que el Mecanismo Intersectorial actúe frente a los patrones de violencia como los que prevalecen en Cajamarca. Sin embargo, la falta de autonomía y participación de la sociedad civil en la gobernanza del Mecanismo constituye una barrera para que este aborde dinámicas de violencia perpetradas por actores estatales.
Finalmente, La violencia contra las personas defensoras en Cajamarca se relaciona con problemas estructurales, entre los que destacan la precariedad de la ciudadanía ambiental, el uso arbitrario de la fuerza en protestas, y la falta de coordinación intercultural de la justicia.
Les invitamos a leer el informe completo Defensoras y defensores de los derechos humanos en Cajamarca, Perú: luchas y desafíos para su protección efectiva, aquí: