Por: Odevida, Capítulo Venezuela
Con la convicción en que la sociedad venezolana sabrá encontrar las soluciones pacíficas y constitucionales para reconquistar la democracia, el estado de derecho, la igualdad de derechos, la justicia y la superación económica para salir de las circunstancias de necesidad, opresión e injusticia en las que vive la población del país, las organizaciones del movimiento de derechos humanos que adoptamos esta declaración, queremos expresar nuestra intención de persistir en la construcción de un futuro de cambio para Venezuela, para lo cual asumimos el siguiente compromiso, ante el pueblo venezolano, las víctimas de violaciones de derechos, los líderes sociales y políticos y la comunidad internacional:
Participaremos en la defensa activa de toda posibilidad creíble y genuina de solución del conflicto político que abra paso a la democracia, con base en los principios y estándares de los derechos humanos, haciendo valer el derecho legítimo de toda la población a elecciones libres y auténticas, lo cual exige una institucionalidad electoral garante de la voluntad ciudadana, expresada a través del voto individual, libre, secreto y universal de cada elector y electora, dentro y fuera del país; y también la revitalización de la cultura de participación política, capaz de desestimar cualquier intento de desaliento, instrumentalización y manipulación del ejercicio de los derechos electorales, en un entorno de seguridad y protección para el ejercicio de la libertad de expresión y la libre circulación de información; el cese de la censura, la restitución de los medios de comunicación independientes que han sido arbitrariamente cerrados y la prohibición y el rechazo de todo tipo de discriminación, especialmente por razones políticas.
Insistiremos en seguir trabajando para poner fin a la impunidad de los abusos y la arbitrariedad, la gran corrupción y las irregularidades, la denegación y la privación de derechos para todas las personas; erradicar la discriminación y la violencia de cualquier tipo; no aceptar la normalización de las violaciones de derechos humanos; terminar con las prácticas de censura, control social, coerción, simulación o acallamiento, y enaltecer la denuncia como deber y facultad de toda persona y de cada funcionario de los organismos públicos nacionales y las organizaciones internacionales, conforme a imperativos éticos y obligaciones no evadibles e inexcusables, siendo el único recurso de las víctimas de violaciones de derechos para la visibilidad y legítima exigencia de protección.
Seguiremos apoyando a las millones de víctimas que sufren las inclemencias de la emergencia humanitaria compleja, por la privación múltiple y masiva de derechos, en zonas urbanas y rurales, con afectaciones diferenciadas para mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas LGBTI, personas con discapacidad, personas en cárceles, personas con problemas de salud, pueblos y comunidades indígenas, productores y campesinos; y con desigualdades cada vez más pronunciadas en el acceso a la alimentación, adecuada nutrición, medicinas y servicios de salud, sin personal sanitario capacitado ni suficientes insumos; una educación excluyente, en todos los niveles, sin adecuado personal docente, instalaciones inhabilitadas y amplios retrocesos en la calidad de enseñanza; la frecuente interrupción de agua potable, saneamiento, electricidad, gas, transporte y comunicaciones; y la falta de seguridad y protección, con elevadas vulnerabilidades ante riesgos de desastre, amenazas de salud pública, explotación, esclavitud moderna o violencia de grupos en control territorial, económico y social de zonas del país. También nuestro respaldo a todas las organizaciones locales que prestan asistencia y protección humanitaria, con desventajas de acceso a recursos para atender la alta carga de necesidades, que brindan sostén y resguardo a las poblaciones más vulnerables, asumiendo los riesgos del trabajo en terreno en un contexto no democrático.
Mantendremos la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, desde una perspectiva colectiva e intercultural, en interdependencia con la defensa de los derechos ambientales, parques nacionales y monumentos naturales protegidos, y los efectos del cambio climático, frente a la apropiación indebida de las tierras indígenas, promovida por el Estado, que refuerza un modelo económico extractivista para la explotación intensiva de los recursos naturales en todo el territorio nacional, o para disfrute privado. Alentaremos consensuar un concepto de desarrollo económico alternativo, de preservación ambiental con perspectivas de derechos humanos y participación de los pueblos indígenas; terminar con la politización y la presencia de grupos armados en territorios indígenas; un trabajo transfronterizo y binacional; la protección de los pueblos indígenas de los impactos de la emergencia humanitaria compleja; la recuperación de la institucionalidad ambiental y la reforma o derogación de leyes que dejan de lado los derechos ambientales.
Seguiremos firmes en la voluntad de promover la restauración de la responsabilidad, eficacia y transparencia del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones, nacionales e internacionales, como parte de un proceso real de transición democrática, para reponer la confianza de la sociedad en las instituciones de todos los poderes públicos (ejecutivo, electoral, judicial, legislativo y ciudadano) a nivel nacional, regional y local, y un sistema penitenciario que haga efectivos los derechos humanos de toda la población reclusa, sometida a tratos que lesionan su humanidad. Esto abarca, restablecer los límites constitucionales de las funciones estatales; la separación y autonomía de los poderes; la independencia judicial y el derecho a la defensa y al debido proceso; la probidad e idoneidad en el nombramiento de los funcionarios públicos, jueces y fiscales; el acatamiento de la norma y la reserva legal; el combate al flagelo de la corrupción en la administración pública; y la activación de mecanismos de justicia penal, a la par de un proceso de justicia transicional, como parte de la constricción de paz, que garantice memoria, verdad, justicia, reparación a las víctimas y no repetición de las graves y masivas violaciones de derechos humanos.
Mantendremos nuestra legítima determinación de apelar a todos los mandatos de protección de los derechos humanos en los distintos sistemas, mecanismos y niveles de respuesta de la comunidad internacional, para que trabajen de forma complementaria junto con esfuerzos multilaterales para construir una transición democrática. Esto significa una labor conjunta, constante y permanente de incidencia para hacer visible la crisis de derechos en Venezuela y alertar sobre amenazas para las víctimas, las personas defensoras, la sociedad civil y el espacio cívico; y continuar exigiendo a los organismos internacionales conductas cónsonas con la protección de derechos y orientada a resultados, en cualquier ámbito de respuesta (acción humanitaria, construcción de paz y ayuda al desarrollo), que no reproduzca prácticas de omisión o inacción, ambigüedad, diplomacia silenciosa, ocultamiento y secretismo, falta de relevancia a las violaciones de carácter estructural, la transferencia de responsabilidades a otros actores y la degradación de los derechos humanos, para dar preminencia a la asistencia o la obtención de recursos.
No abandonaremos nuestra misión de defensa, puesta al servicio de promover una cultura de derechos humanos, desde nuestras diferentes identidades y vocerías, en todos los temas y espacios de trabajo, junto con las víctimas, la población y las comunidades, con otras organizaciones de la sociedad civil, gremios, sindicatos, comunidad academia y científica, y en las relaciones con los actores nacionales e internacionales. Los derechos humanos inspiran y sientan las bases de un proyecto de país que garantiza igualdad y libertad para todos y todas, en democracia y con un desarrollo económico, social, cultural y ambiental, inclusivo, sostenido y equitativo, si podemos hacerlos el norte de una visión compartida, plural, renovadora, inclusiva, propositiva y motivadora, que nos involucre y empatice a todos.
¡Nos sobran capacidades humanas, perseverancia y confianza en que saldremos adelante, por las generaciones actuales y las que están creciendo en este país y fuera del territorio! Juntas y juntos lo lograremos.
Declaración aprobada por la Mesa de Pueblos Indígenas y Ambiente del 8° Encuentro Nacional de Derechos Humanos, 23.11. 2022 realizado en Montalbán, Caracas, Venezuela. Firmada por Odevida, Capitulo Venezuela; Clima 21; Comité de Derechos Humanos de la Guajira; Centro de Derechos Humanos de la Universidad Cat´lica Andres Bello; Programa Wayamoutheri; Organización de Mujeres del Autana (Omida); Organización Indígena del Pueblo Uwottüja del Sipapo (OIPUS); Programa Venezolano de Educaci{on-Acción en Derechos Humanos (Provea); Fundación Daukuri Ñeengatu.