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  • Foto del escritor Laura Cano

La victoria de Pedro Castillo y sus miras hacia la defensa de los derechos humanos en Perú

Por: Laura Cano

Periodista – Pares



Se acerca el momento de conocer quién subirá a la presidencia de Perú, en una contienda que ha puesto a las y los ciudadanos del país vecino a votar entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. En un panorama general, estas elecciones pusieron sobre la mesa una decisión entre, por un lado, una candidata del partido derechista Fuerza Popular (Keiko Fujimori) y, por otra parte, un candidato de izquierda, del partido Perú Libre (Pedro Castillo). Esto luego de que en una primera vuelta Castillo obtuviera 2.724.752 votos y Fujimori 1.930.762. En aquellas elecciones, realizadas el pasado 11 de abril, participaron 14.400.630 de personas.


El pasado domingo 6 de junio se realizó la segunda vuelta. A la fecha (9 de junio), según el último boletín de la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú (ONPE), el candidato del Partido Político Nacional Perú Libre, Pedro Castillo, va a la cabeza con 8.744.066 votos, es decir, el 50.19%; mientras que la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha recibido 8.676.855 votos, lo que representa el 49.79%. El porcentaje de actas contabilizadas es del 98.49%.

Aunque la diferencia es muy poca, todos los análisis parecieran indicar que quien llegará a la presidencia será Pedro Castillo, quien es profesor de primaria desde 1995 y ha sido un importante líder magisterial. Durante la campaña presidencial ha sabido ganar un importante apoyo especialmente en las zonas rurales de su país. Hay que recordar que Castillo llegó a ganar notoriedad luego de que, en 2017, dirigiera por 75 días una huelga de profesores y profesoras que exigían mejores salarios.


Tras esto, en 2020 se conoció que Castillo sería el candidato presidencial por el partido Perú Libre luego que Vladimir Cerrón, quien iba en representación de ese partido, fuera inhabilitado y condenado a prisión por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo, pues para ese momento era gobernador suspendido de la región Junín.


Las principales propuestas del candidato (hoy posible ganador) están relacionadas con una transformación del modelo económico peruano, con la creación de una nueva Constitución Política a través de una asamblea constituyente y, entre otros puntos, con la nacionalización de sectores estratégicos como el minero, gasífero y petrolero. Castillo también ha planteado aumentar el presupuesto para la agricultura y la educación, así como suprimir el sistema actual de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Además, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de reformular los tratados internacionales de Perú y Estados Unidos.


No obstante, uno de los cuestionamientos puntuales a Castillo tiene que ver con sus posturas políticas respecto a temas relacionados con derechos sexuales y reproductivos, así como con los relacionados a la orientación sexual. Explica Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares, que este panorama evidencia que “Castillo tiene una génesis de izquierda campesina y rural. Evoca una izquierda que busca nacionalizar las industrias extractivas, que quiere convocar una constituyente y que, ante la ausencia de apoyo en el Congreso, alcanzó a insinuar la posibilidad de cerrarlo. Es una apuesta muy populista que juega con el progresismo económico, pero que tiene un talante conservador en lo que se refiere a derechos civiles y sexuales”.


En este sentido, es necesario traer a colación que, durante los últimos años, en Perú se ha agudizado la violencia contra personas LGBT. Incluso en 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que “existe un contexto de violencia institucional y estructural contra las personas LGBT”. Siguiendo lo anterior, en el “Informe Trinacional: Litigio Estratégico de casos de violencia por prejuicio por orientación sexual, identidad y expresión de género en Colombia, Perú y Honduras”, a partir de la información de PROMSEX y de la Red Peruana TLGB, se afirma que “entre 2008 y 2016 se registraron 99 asesinatos de personas LGBT por causa de su orientación sexual y/o identidad de género (62 gays, 4 lesbianas, 1 bisexual, 31 mujeres trans y 1 hombre trans). Solo en doce meses (enero a diciembre de 2016), se registraron 416 casos de vulneraciones de derechos de personas LGBT en el Perú, según el Informe Anual del Observatorio de Derechos LGBT 2016 (CIISSS, 2017). Según este reporte, la población más afectada por las vulneraciones fue la trans femenina (191 casos)”.


En este escenario, una de las tareas principales de Castillo parecería ser, por ejemplo, darle seguimiento y cumplimiento al Decreto Legislativo N° 1323 que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género, así como velar por promover que todos los espacios, especialmente escuelas y/o centros de salud, estén libres de violencias contra esta población. Asimismo, debería estar en su radar la necesidad de dar garantía y buscar la eficacia de lineamientos como la Norma técnica de salud de atención integral de la población trans femenina para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA, el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y demás políticas públicas con implicaciones en demandas sociales relacionadas a este tema.

Por otra parte, esta victoria de Castillo podría representar un espaldarazo a los líderes y lideresas que promueven los derechos al territorio, al medio ambiente y al acceso a la tierra, pues otra de las problemáticas más acentuadas en Perú está siendo el hostigamiento y persecución contra quienes realizan estas labores. Vale la pena recordar que, por ejemplo, la Amazonía peruana se ha vuelto un epicentro de esta situación de vulneración de derechos a líderes y lideresas sociales. Por mencionar un caso, en marzo del presente año fue asesinada Estela Casanto, una mujer de 55 años de la etnia asháninka, fundadora de la comunidad nativa Shankivironi, quien se convirtió en la séptima víctima mortal en menos de un año por enfrentar el tráfico de droga y la deforestación en su región. Adicionalmente, antes de conocerse sobre este homicidio, ya se había denunciado que Herasmo García, de la comunidad nativa Sinchi Roca, y Yenes Ríos, de las comunidades Puerto Nuevo, también habían sido víctimas de homicidio.


Como se explicaba a través de el diario El País, “(…) en el centro de esta violencia están cuestiones estructurales que el Estado peruano no ha resuelto, relacionadas principalmente con el modelo extractivista por el que ha apostado el país, así como con la minería y la tala ilegales, el tráfico de tierras o el narcotráfico. Esta situación se agrava al no existir la debida seguridad jurídica de las tierras de los pueblos indígenas, como es el caso de la titulación de comunidades pertenecientes al pueblo Kakataibo, que resiste ante la amenaza permanente de invasión de sus tierras”. Respecto a esta realidad, la fundación InSight Crime reportó que desde el 2013 al 2020 han sido asesinadas y asesinados 20 activistas medioambientales.


Por último, es necesario mencionar que, adicionalmente a este panorama, la elección de Castillo también tiene otras particularidades. Una de las más importantes, sin duda, está relacionada con los obstáculos que hallará para desarrollar sus planes de gobierno, pues como lo explica Salazar, “Pedro Castillo tiene un problema grave de gobernabilidad: no tiene mayorías en el Congreso, el cual, de hecho, está altamente fragmentado y dividido, con una leve mayoría de la derecha que apoyaba a Keiko, pero que está cuestionada por lavado de activos y hechos de corrupción. Y, en ese sentido, un presidente que llegue con una baja gobernabilidad, con un electorado fraccionado y un mandato popular tan dividido, puede llegar a emular prácticas de persecución y reestructuración institucional unilaterales”.


Así las cosas, y con la prácticamente confirmada victoria de Castillo, se esperaría a ver cuál es la gestión del mandatario, que si bien llega con puntos a favor y propuestas por las que la ciudadanía peruana se inclinó, también llega con diversos panoramas apremiantes y urgentes sobre los que debe saber actuar.

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